III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

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Ordenanza municipal para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana

Transcurrido el plazo de información pública del texto de la Ordenanza municipal para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Alcalá de Henares, aprobada inicialmente por Acuerdo plenario de fecha 15 de junio de 2010, y estimadas parcialmente las alegaciones presentadas por don Javier Rodríguez Palacios, concejal-portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y don Pedro Casillas González, en representación del Partido Socialista de Madrid-Partido Socialista Obrero Español (PSM-PSOE) de Alcalá de Henares y desestimadas el resto de las alegaciones formuladas al respecto, por el Pleno Municipal de fecha 21 de septiembre de 2010, se aprueba definitivamente la mencionada ordenanza municipal y se acuerda proceder a la publicación íntegra de su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, el cual no entrará en vigor hasta que se haya publicado su texto íntegro y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, contándose dicho plazo a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo a la Administración del Estado y de la Comunidad de Madrid.

ORDENANZA MUNICIPAL PARA FOMENTAR Y GARANTIZAR LA CONVIVENCIA CIUDANADA EN EL ESPACIO PÚBLICO DE ALCALÁ DE HENARES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objetivo principal de esta Ordenanza es el de preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio, de encuentro, recreo y de expresión, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás.

La Ordenanza pretende ser una herramienta efectiva para hacer frente a las situaciones y circunstancias que puedan afectar a la convivencia o alterarla, dando una respuesta equilibrada basada, por un lado, en el reconocimiento del derecho de todos a comportarse libremente en los espacios públicos y a ser respetados en su libertad; pero, por otro lado, también en la necesidad de preservar el orden y que todos asumamos determinados deberes de convivencia y de respeto a la libertad, la dignidad y los derechos reconocidos a los demás, así como al mantenimiento del espacio público en condiciones adecuadas. Y todo ello, además, siendo conscientes que para el logro de estos objetivos no basta con el ejercicio por parte de la autoridad municipal de la potestad sancionadora, que en ocasiones también es necesario, sino que es preciso también que el Ayuntamiento lleve a cabo las correspondientes actividades de fomento y de prestación social necesarias para promover los valores de convivencia y de civismo en la ciudad y para atender conveniente a las personas que lo puedan necesitar. En este sentido, y como no podría ser de otro modo, el Ayuntamiento debe ser el primero en dar cumplimiento a la Ordenanza.

Desde el punto de vista material, esta Ordenanza actúa dentro del ámbito de competencias de que dispone el Ayuntamiento con el fin de evitar todas las conductas que puedan perturbar la convivencia y minimizar los comportamientos incívicos que se puedan realizar en el espacio público. Tiene, por ello, una naturaleza claramente transversal, al afectar a un buen número de competencias locales e implican a una gran parte de la estructura del sistema administrativo municipal.

El fundamento jurídico de la Ordenanza se encuentra, en primer lugar, en la Constitución del año 1978, sobre todo desde la perspectiva de la garantía de la autonomía municipal. Más específicamente, los artículos 139 a 141 de la Ley 7/1985, de 7 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, recoge también, expresamente, un título competencial en virtud del cual se establece la posibilidad de que los ayuntamientos, para la adecuada ordenación de las relaciones sociales de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, en defecto de normativa sectorial específica, puedan establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones. En todo caso, todas estas previsiones configuran una cobertura legal suficiente para cumplir la reserva legal del mandato de tipificación y dar respuesta completa al artículo 25.1 de la Constitución española.

El Título I de la Ordenanza está destinado a regular una serie de disposiciones generales en las que se enmarcan las líneas maestras de la política de convivencia que quiere impulsar el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y se define el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de la normativa. Este Título se divide en cuatro capítulos, dedicados a establecer la finalidad, los fundamentos legales y los ámbitos objetivos y subjetivos de aplicación de la Ordenanza, así como los principios generales de convivencia ciudadana y civismo, con los correspondientes derechos y deberes y las medidas de fomento y colaboración para la convivencia. También se regulan determinados aspectos relativos a la organización y autorización de actos públicos cuando en el transcurso de éstos pueda resultar afectada la convivencia.

El Título II establece las normas de conducta en el espacio público, las infracciones, sanciones e intervenciones específicas correspondientes a cada una de ellas. Incorpora, en sus diferentes capítulos, una estructura homogénea: en primer lugar, se establecen las normas de conducta que deben respetarse en cada caso y las sanciones que corresponden a cada una de ellas, y, finalmente, en muchos casos, se prevén las intervenciones específicas que pueden activarse en las diferentes circunstancias. Este Título II se divide en doce capítulos, referidos, respectivamente, a los atentados contra la dignidad de las personas, la degradación visual del entorno urbano, tanto por grafitos, pintadas y otras expresiones gráficas como por pancartas, carteles, folletos y similares, las apuestas, las conductas en el espacio público que adoptan formas de mendicidad, las conductas que suponen la utilización del espacio público para prácticas sexuales y el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales, la realización de necesidades fisiológicas, el comercio ambulante, las actividades y la prestación de servicios no autorizados, las actitudes vandálicas y el deterioro del espacio urbano, deyecciones de perros y otros animales en la vía pública, el uso de espacios naturales y zonas verdes, la contaminación acústica y otros usos impropios del espacio público.

El Título III tiene por objeto las disposiciones comunes relativas al régimen sancionador y otras medidas de aplicación. Se divide en seis capítulos: disposiciones generales, régimen sancionador, reparación de daños, medidas de policía administrativa y de policía administrativa directa y medidas provisionales.

Finalmente, la Ordenanza se cierra con una serie de disposiciones transitorias, derogatorias y finales, entre cuyas previsiones destaca la difusión de la Ordenanza. Además, para garantizar su adecuación constante a los nuevos posibles fenómenos y problemáticas que se vayan planteando en la realidad, se prevé que la Ordenanza sea revisada cuando fuera necesario incorporar alguna nueva conducta o previsión adicional o modificar o suprimir alguna de las existentes.

TÍTULO I

Disposiciones generales

Capítulo primero

Finalidad, fundamentos legales y ámbito de aplicación

Artículo 1. Finalidad de la Ordenanza.—1. Esta Ordenanza tiene por objeto preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro, recreo y de expresión, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás.

La ciudad es un espacio abierto en el que todas las personas tienen derecho a encontrar las condiciones para su ordenada realización personal, política, social, con las condiciones ambientales óptimas, lo cual implica asumir también los deberes de la solidaridad, el respeto mutuo y la tolerancia.

2. A los efectos expresados en el apartado anterior, esta Ordenanza regula una serie de medidas encaminadas específicamente al fomento y a la promoción de la convivencia y el civismo en el espacio público, identifica cuáles son los bienes jurídicos protegidos, prevé cuáles son las normas de conducta en cada caso y sanciona aquellas que pueden perturbar, lesionar o deteriorar tanto la propia convivencia ciudadana como los bienes que se encuentran en el espacio público que le debe servir de soporte, previendo, en su caso, medidas específicas de intervención.

Art. 2. Fundamentos legales.—1. Esta Ordenanza se ha elaborado de acuerdo con la potestad municipal de tipificar infracciones y sanciones que, con la finalidad de ordenar las relaciones de convivencia ciudadana, se establece en la legislación reguladora de las bases de régimen local.

2. Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las demás competencias y funciones atribuidas al Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la normativa general de régimen local y la legislación sectorial aplicable.

Art. 3. Ámbito de aplicación objetiva.—1. Esta Ordenanza se aplica en todo el término municipal de Alcalá de Henares.

2. Particularmente, la Ordenanza es de aplicación en todos los espacios públicos de la ciudad, como calles, vías de circulación, aceras, plazas, avenidas, paseos, pasajes, bulevares, parques, jardines y demás espacios o zonas verdes o forestales, puentes, túneles y pasos subterráneos, aparcamientos, fuentes y estanques, edificios públicos y demás espacios destinados al uso o al servicio público, así como a construcciones, instalaciones, mobiliario urbano y demás bienes y elementos de dominio público municipal situados en aquéllos.

3. Asimismo, la Ordenanza se aplica a aquellos otros espacios, construcciones, instalaciones, vehículos o elementos que estén destinados a un uso o a un servicio público de titularidad de una administración diferente de la municipal o de cualquier otra entidad o empresa, pública o privada, como vehículos de transporte; marquesinas; paradas de autobuses, de ferrocarril o de autocar; vallas; señales de tráfico; contenedores y demás elementos de naturaleza similar.

4. La Ordenanza se aplicará también a espacios, construcciones, instalaciones y bienes de titularidad privada cuando desde ellos se realicen conductas o actividades que afecten o puedan afectar negativamente a la convivencia y al orden público en los espacios, instalaciones y elementos señalados en los apartados anteriores, o cuando el descuido o la falta de un adecuado mantenimiento de los mismos por parte de sus propietarios, arrendatarios o usuarios pueda implicar igualmente consecuencias negativas para la convivencia o el civismo en el espacio público.

Art. 4. Ámbito de aplicación subjetiva.—1. Esta Ordenanza se aplica a todas las personas que se encuentren en la ciudad de Alcalá de Henares, con independencia de su concreta situación jurídica administrativa, respecto a nacionalidad, residencia o cualquier otra.

2. Esta Ordenanza es aplicable a las conductas realizadas por los menores de edad, en los términos y con las consecuencias previstas en el artículo 62 de esta Ordenanza y en el resto del ordenamiento jurídico. En los supuestos en que así se prevea expresamente, los padres, tutores, o guardadores también podrán ser considerados responsables de las infracciones cometidas por los menores cuando concurra, por parte de aquellos, dolo, culpa o negligencia, incluida la simple inobservancia.

3. Asimismo, en los supuestos en que así se prevea de manera expresa en la Ordenanza, ésta también será aplicable a los organizadores de actos públicos a los que se refiere el artículo 9.

Capítulo segundo

Principios generales de convivencia ciudadana y civismo: derechos y deberes

Art. 5. Principio de libertad individual.—Todas las personas a las que se refiere el artículo anterior tienen derecho a comportarse libremente en los espacios públicos de la ciudad y a ser respetadas en su libertad. Este derecho se ejerce sobre la base del respeto a la libertad, la dignidad y los derechos reconocidos a las demás personas, así como del mantenimiento del espacio público en condiciones adecuadas para la propia convivencia.

Art. 6. Deberes generales de convivencia y de civismo.—1. Sin perjuicio de otros deberes que se puedan derivar de ésta u otras ordenanzas municipales y del resto del ordenamiento jurídico aplicable, todas las personas que están en la ciudad, sea cual sea el título o las circunstancias en que lo hagan o la situación jurídica administrativa en que se encuentren, deben respetar las normas de conducta previstas en la presente Ordenanza, como presupuesto básico de convivencia en el espacio público.

2. Nadie puede, con su comportamiento, menoscabar los derechos de las demás personas ni atentar contra su dignidad o su libertad de acción. Todas las personas se abstendrán particularmente de realizar prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias o que conlleven violencia física o coacción moral o psicológica o de otro tipo.

3. Es un deber básico de convivencia ciudadana tratar con respeto, atención y consideración especiales a aquellas personas que, por sus circunstancias personales, sociales o de cualquier otra índole, más lo necesiten.

4. Todas las personas tienen la obligación de utilizar correctamente los espacios públicos de la ciudad y los servicios, las instalaciones y el mobiliario urbano y demás elementos ubicados en ellos, de acuerdo con su propia naturaleza, destino y finalidad, y respetando en todo caso el derecho que también tienen los demás a usarlos y disfrutar de ellos.

5. Todos los propietarios u ocupantes de inmuebles, edificios, construcciones, instalaciones, vehículos u otros bienes de titularidad privada están obligados a abstenerse de llevar a cabo desde éstos, conductas o actividades que causen daños materiales a los espacios públicos de la ciudad destinados al uso o al servicio público, como a las construcciones, instalaciones, mobiliario urbano y demás bienes y elementos de dominio público municipal situados en aquellos, así como a espacios, construcciones, instalaciones y bienes de titularidad privada o molestias innecesarias a las demás personas.

6. Todas las personas que se encuentren en Alcalá de Henares tienen el deber de colaborar con las autoridades municipales o sus agentes en la erradicación de las conductas que alteren, perturben o lesionen la convivencia ciudadana.

Capítulo tercero

Medidas para fomentar la convivencia

Art. 7. Fomento de la convivencia ciudadana y del civismo.—1. El Ayuntamiento llevará a cabo las políticas de fomento de la convivencia y el civismo que sean necesarias con el fin de conseguir que las conductas y actitudes de las personas que están en la ciudad se adecuen a los estándares de convivencia con el objetivo de garantizar el orden y de mejorar en consecuencia la calidad de vida en el espacio público.

2. Concretamente, y sin perjuicio de las demás actuaciones que se puedan acordar, el Ayuntamiento:

a) Estimulará el comportamiento solidario de los ciudadanos en los espacios públicos para que presten ayuda a las personas que la necesiten para transitar u orientarse, que hayan sufrido accidentes o que se encuentren en circunstancias similares. Se fomentarán también otras actitudes fraternales o humanitarias que contribuyan a que la ciudad sea más amable y acogedora, especialmente con las personas que más lo necesiten.

b) Facilitará, mediante las Oficinas de Atención al Ciudadano o cualquier otro servicio existente o que se pueda crear, que todas las personas puedan hacer llegar al Ayuntamiento las sugerencias, quejas, reclamaciones o peticiones que consideren oportunas para mejorar el civismo y la convivencia y mantener el espacio público en condiciones adecuadas.

c) Promoverá el respeto a la diversidad cultural y religiosa, con el fin de evitar actitudes contrarias a la dignidad personal y comportamientos discriminatorios, especialmente de naturaleza xenófoba, racista, sexista, religiosa u homófoba.

d) Promoverá la colaboración y la observancia por parte de las personas extranjeras en el conocimiento de esta Ordenanza, a cuyos efectos impulsará las medidas necesarias para su difusión al mayor número posible de inmigrantes de la ciudad.

e) Impulsará la suscripción de acuerdos de colaboración u otras fórmulas de participación dirigidas a personas y entidades y asociaciones ciudadanas, culturales, sociales, empresariales, turísticas, deportivas o de cualquier otra índole, para fomentar entre sus miembros la colaboración activa con las diversas campañas, actuaciones e iniciativas municipales a favor de la convivencia y el civismo en la ciudad, así como para dar a conocer y fomentar el respeto a sus normas básicas, y especialmente con aquellas asociaciones y entidades ciudadanas que, por su objeto o finalidad, tradición, arraigo en la ciudad, experiencia, conocimientos u otras circunstancias, más puedan contribuir al fomento de la convivencia y el civismo.

Art. 8. Colaboración con otras Administraciones.—El Ayuntamiento, en el ámbito de sus propias competencias, impulsará la colaboración con otras administraciones locales, con la Comunidad de Madrid, Gobierno de España y otras instituciones públicas para garantizar la convivencia y el civismo, todo ello sin perjuicio de las competencias propias de cada una de estas entidades.

El Ayuntamiento propondrá a las referidas administraciones las modificaciones normativas que considere pertinentes con el fin de garantizar la convivencia y el civismo y mejorar la efectividad de las medidas que se adopten con este objetivo por parte del Ayuntamiento.

Capítulo cuarto

Organización y autorización de actos públicos

Art. 9. Organización y autorización de actos en espacios públicos municipales.—1. Toda ocupación de la vía u otro espacio público de titularidad municipal (en adelante espacios públicos municipales) con destino a la celebración de actos festivos, musicales, culturales, deportivos, religiosos o de cualquier otra índole, por parte de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, queda sometida a la obtención de la correspondiente autorización municipal, en las condiciones y requisitos que exijan las ordenanzas municipales.

Las solicitudes de ocupación de espacios públicos municipales deberán ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento al menos con un mes de antelación respecto al inicio de dicha ocupación, y deberá contener, al menos, la identificación fiscal del organizador y responsable del acto o actividad, descripción del acto o actividad, estimación del público asistente, lugar previsto para la celebración del mismo, superficie de ocupación en los casos que proceda, fecha del acto o actividad solicitada y horario de la misma, necesidades previas y posteriores al acto o actividad y cualquier otro dato que resulte preciso para evaluar las condiciones de seguridad general y cualquier afección a la convivencia ciudadana o al civismo.

Cuando la solicitud no se presente con la antelación indicada, el Ayuntamiento podrá declarar la inadmisión de la misma.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el resto de normativa municipal, los organizadores de actos celebrados en los espacios públicos municipales deben garantizar la seguridad de las personas y los bienes. A estos efectos deben cumplir con las condiciones de seguridad generales y de autoprotección que se fijen en cada caso por el órgano competente. Cuando las circunstancias así lo aconsejen, el Ayuntamiento podrá exigir a los organizadores que depositen una fianza, establecida por los Servicios Técnicos Municipales, todo ello sin perjuicio de la obligación de la suscripción de una póliza de seguro de responsabilidad civil para responder de los daños y perjuicios que puedan causarse por la ocupación solicitada.

3. Los organizadores de actos en espacios públicos municipales, en atención a los principios de colaboración, corresponsabilidad y confianza con la autoridad municipal, deberán velar por que los espacios públicos utilizados no se ensucien y sus elementos urbanos o arquitectónicos no se deterioren, quedando obligados, en su caso, a la correspondiente reparación, reposición y/o limpieza.

4. Cuando los actos solicitados consistan en actividades como mimos, músicos o cualquier otro tipo de artista callejero, el solicitante se comprometerá a que por su localización, horarios, intensidad, persistencia y/o contenido no genere molestias a los ciudadanos que resulten inadmisibles por superar los límites generalmente establecidos por los usos y costumbres ciudadanas, pudiendo en caso contrario la Policía Local determinar la paralización inmediata de la actividad.

5. El Ayuntamiento no otorgará autorización para la celebración de actos festivos, musicales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole en los espacios públicos municipales en los que se pretendan realizar cuando, por causas objetivas como las previsiones del público asistente, las características del propio espacio público, la concurrencia con otros actos u otras circunstancias debidamente acreditadas y motivadas en el expediente, dichos acontecimientos puedan poner en peligro la seguridad, la convivencia, el orden público u otras causas debidamente justificadas.

6. En aquellos supuestos en que el titular de la autorización de ocupación de espacios públicos municipales haya sido objeto de sanción administrativa, por infracción de la presente Ordenanza, el Ayuntamiento podrá desestimar una nueva solicitud de ocupación de vía pública, durante un período de un año.

7. Las autorizaciones que en su caso se otorguen por el Ayuntamiento para la ocupación de espacios públicos municipales, se refieren exclusivamente a los efectos de las competencias municipales, sin que eximan de otras autorizaciones que puedan proceder al efecto.

8. Cuando se trate del ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación, reconocido en la Constitución, y de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sectorial aplicable, el Ayuntamiento emitirá informe preceptivo motivado en el que se recogerán las circunstancias y causas objetivas que, en su caso, puedan desaconsejar la celebración del acto o acontecimiento en el espacio público previsto por sus organizadores, a fin de que la autoridad gubernativa competente adopte la decisión que corresponda.

Art. 10. Régimen de sanciones.—El incumplimiento de las prescripciones del artículo anterior tendrán la consideración de infracción de carácter grave, y será sancionada con multa de 751 a 1.500 euros. No obstante lo anterior, cuando concurra alguna de las circunstancias enumeradas en el art. 140.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la infracción tendrá la consideración de muy grave, siendo sancionada con multa de 1.501 a 3.000 euros.

Con independencia de las sanciones que puedan imponérsele, el infractor estará obligado a la restitución y reposición de los bienes a su estado anterior, con la indemnización de los daños irreparables y perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la resolución correspondiente. El importe de estas indemnizaciones se fijará ejecutoriamente por el órgano competente para imponer la sanción.

TÍTULO II

Normas de conducta en el espacio público

Capítulo primero

Atentados contra la dignidad de las personas

Art. 11. Normas de conducta.—1. Queda prohibida en el espacio público toda conducta de menosprecio a la dignidad de las personas, así como cualquier comportamiento discriminatorio, sea de contenido xenófobo, racista, sexista, homófobo o violento, o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de hecho, por escrito o de palabra, mediante insultos, burlas, molestias intencionadas, coacción psíquica o física, agresiones u otras conductas vejatorias.

2. Se consideran especialmente graves las conductas anteriormente descritas cuando tengan como objeto o se dirijan contra personas mayores, menores y personas con discapacidad, así como las actitudes de acoso y/o agresión entre menores en el espacio público. Igualmente serán especialmente perseguidas las conductas de agresión o asedio a menores realizadas por grupos de personas que actúen en el espacio público.

3. Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica o deportiva, o de cualquier otra índole, velarán por que no se produzcan, durante su celebración, las conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de esos actos se realizan las mencionadas conductas, sus organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la autoridad, adoptando las medidas de que dispongan para detener tales conductas.

Art. 12. Régimen de sanciones.—1. Sin perjuicio de que los hechos sean constitutivos de infracción penal, la realización de las conductas descritas en el apartado 1 del artículo precedente tendrá la consideración de infracción grave, y será sancionada con multa de 751 a 1.500 euros, salvo que el hecho constituya una infracción que le corresponda una sanción diferente, de acuerdo con la legislación aplicable.

2. Sin perjuicio a lo establecido en la legislación penal, tendrán la consideración de infracciones muy graves, que se sancionarán con multa de 1.501 a 3.000 euros, las conductas descritas en los apartados 2 y 3 del artículo precedente. Si dichas conductas fueran realizadas por grupos de personas, se imputará la comisión de la infracción a todos los miembros de estos grupos que se encontraran en el lugar de los hechos y participaran, activa o pasivamente, en la realización de las conductas antijurídicas previstas en el artículo anterior.

3. En atención a la especial gravedad o circunstancias de los hechos descritos en el artículo 11, el Ayuntamiento podrá personarse en la condición que corresponda en las causas abiertas en los juzgados y tribunales.

Art. 13. Intervenciones específicas.—Cuando las conductas contrarias a la dignidad de las personas, discriminatorias o violentas puedan ser constitutivas de ilícitos penales, los agentes de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de la continuación del expediente sancionador, en los términos del artículo 68 de esta Ordenanza.

Capítulo segundo

Degradación visual del entorno urbano

SECCIÓN PRIMERA

Grafitos, pintadas y otras expresiones gráficas

Art. 14. Normas de conducta.—1. Con el fin de proteger el paisaje urbano y evitar la degradación arquitectónica, así como contribuir al embellecimiento de nuestra ciudad, se prohíbe la realización de cualquier tipo de grafito, pintada, mancha, garabato, escrito, inscripción o grafismo, con cualquier materia (tinta, pintura, materia orgánica, o similares) incluido el rayado de la superficie, sobre cualquier tipo de fachadas (exteriores, interiores, medianerías y cubiertas de edificios públicos o privados) o elemento del espacio público, así como en el interior o el exterior de equipamientos, infraestructuras o elementos de un servicio público e instalaciones en general, incluidos transporte público, equipamientos deportivos, equipamientos en general, mobiliario urbano, árboles, jardines y vías públicas en general y el resto de los elementos descritos en el artículo 3 de esta Ordenanza.

2. Cuando el mural artístico o el grafito se realice en un bien privado que se encuentre instalado de manera visible o permanente en la vía pública, se necesitará la autorización de la propiedad, y en todo caso, la autorización expresa del Ayuntamiento. Estos espacios deberán estar periódicamente sometidos a control y limpieza por parte de los obligados.

3. Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica o deportiva, o de cualquier otra índole, velarán por que no se produzcan, durante su celebración, conductas de degradación visual del espacio utilizado. Si con motivo de cualquiera de estos actos se producen las conductas descritas en el apartado primero de este artículo, sus organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la autoridad, y adoptar las medidas de que dispongan para detener tales conductas.

4. Sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria de los padres, tutores o guardadores por las acciones de los menores de edad que dependan de ellos, aquéllos serán también responsables directos y solidarios de las infracciones descritas en este artículo cometidas por los menores que se encuentren bajo su tutela, siempre que, por su parte, conste dolo, culpa o negligencia, incluida la simple inobservancia.

Art. 15. Régimen de sanciones.—1. La realización de las conductas descritas en el artículo precedente tendrán la consideración de infracción leve, y serán sancionadas con multa de 300 a 3.000 euros. Para la imposición de las sanciones se atenderá a la naturaleza y entidad de los perjuicios causados.

2. Constituye infracción grave la reiteración de dos infracciones leves en el plazo de dos años, y serán sancionadas con multa de 600 a 6.000 euros. Para la imposición de las sanciones se atenderá a la naturaleza y entidad de los perjuicios causados.

3. Asimismo, el Ayuntamiento podrá personarse en las causas abiertas en juzgados y tribunales, en los supuestos que supongan un ilícito sobre el patrimonio histórico-artístico, cultural o monumental, previstos en la legislación penal.

Art. 16. Intervenciones específicas.—1. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad podrán retirar e intervenir cautelarmente los materiales o medios empleados.

2. Si por las características de la expresión gráfica, el material empleado o el bien afectado fuera posible la limpieza y la restitución inmediata a su estado anterior, los agentes de la autoridad apercibirán personalmente a la persona infractora a que proceda a su limpieza, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan por la infracción cometida.

3. El Ayuntamiento, subsidiariamente, podrá limpiar o reparar los daños causados por la infracción, con cargo a la persona o personas responsables y sin perjuicio de la imposición de las sanciones correspondientes.

4. El infractor podrá solicitar la sustitución de la multa por la obligación personal de trabajos de limpieza de pintadas en la vía pública o similares, en las condiciones que fije el órgano municipal competente para la imposición de las sanciones, que serán proporcionadas a la entidad del daño producido.

5. Tratándose de personas infractoras menores, se harán los trámites oportunos y necesarios para comprobar si concurren indiciariamente las circunstancias previstas en el apartado 4 del artículo 14.

6. Cuando el grafito o la pintada puedan ser constitutivos de la infracción patrimonial prevista en la legislación penal, los agentes de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de la continuación del expediente sancionador.

SECCIÓN SEGUNDA

Pancartas, carteles, folletos y similares

Art. 17. Normas de conducta.—1. Al objeto de mantener las condiciones de limpieza y pulcritud que exigiera el ornato público y la estética de la ciudad, se establece el siguiente régimen respecto a la colocación y reparto de pancartas, carteles, folletos y similares:

a) Está prohibida la colocación de carteles, rótulos, pancartas, adhesivos, papeles pegados o cualquier otra forma de publicidad, anuncio o propaganda en cualquier espacio público o elemento del paisaje y el mobiliario urbano y natural, salvo en los lugares expresamente habilitados al efecto por la autoridad municipal, y previa obtención de la correspondiente autorización municipal.

En todo caso la autorización se referirá a la colocación de carteles, pancartas y elementos que no dañen ni ensucien la superficie y sean de fácil extracción, con compromiso por parte del solicitante de la autorización de retirarlos en el plazo que se establezca. Se podrán colocar carteles en escaparates, portales y en otros lugares situados en el interior de los establecimientos.

b) Se prohíbe esparcir y tirar toda clase de folletos o papeles de publicidad comercial o cualquier material similar en la vías públicas y espacios públicos y otros espacios definidos en el artículo 3 de esta Ordenanza.

c) Se prohíbe rasgar, arrancar y tirar al espacio público carteles, anuncios, pancartas y objetos similares.

d) La instalación de vallas y carteleras publicitarias sin autorización municipal se someterán a la vigente normativa municipal en la materia.

e) Se prohíbe la colocación de octavillas publicitarias y similares en los vehículos estacionados en la vía pública.

f) Los titulares de la autorización serán responsables de la retirada de los elementos instalados y de reponer los elementos a su estado anterior, de acuerdo con las indicaciones que den los servicios municipales.

2. Los propietarios o titulares de inmuebles, monumentos, quioscos, etc., cuidarán, en cumplimiento de la obligación de mantener limpias las paredes y fachadas de cualquier tipo de anuncio que no sea el específico de una profesión o actividad mercantil. Únicamente se permitirá la colocación de carteles o anuncios en los sitios destinados a este objeto, siempre que, además, estén amparados por la preceptiva autorización y se cumplan las normas específicas sobre publicidad.

Art. 18. Excepciones.—1. Durante los períodos electorales y aquellos otros de general participación ciudadana en los que sea pertinente la realización de actos de propaganda y publicidad, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares adoptará, de conformidad con lo que se disponga en la respectiva normativa, espacios especialmente reservados para su utilización como soportes publicitarios.

2. Aquellas otras actuaciones autorizadas por la Autoridad Municipal.

Artículo 19. Régimen de sanciones.—1. Los hechos descritos en el artículo 17 serán constitutivos de infracción grave y sancionados con multa de 751 a 1.500 euros.

2. Cuando las infracciones precedentes se realicen sobre monumentos o edificios catalogados o protegidos, tendrán la consideración de muy graves, y serán sancionadas con multa de 1.501 a 3.000 euros. Tendrá la misma consideración y el importe de la multa será el mismo cuando la colocación de carteles, pancartas o adhesivos se haga en señales de tráfico de manera que imposibilite una correcta visión por parte de los conductores y/o peatones.

De igual manera, se considera muy grave cualquier supuesto de publicidad que promueva o fomente cualquier conducta discriminatoria, sea de contenido xenófobo, racista, sexista, homófobo o violento.

Art. 20. Intervenciones específicas.—1. Los agentes de la autoridad apercibirán personalmente a la persona infractora a que proceda a retirar el material y reparar los daños efectuados por su colocación, sin perjuicio de las sanciones que corresponda imponer por la infracción cometida, y de la reclamación que por los daños y perjuicios ocasionados se pueda efectuar, en su caso.

2. El Ayuntamiento, subsidiariamente, podrá retirar los elementos de propaganda o publicidad con cargo a la persona o personas responsables, sin perjuicio de la imposición de las sanciones correspondientes.

Capítulo tercero

Apuestas

Art. 21. Normas de conducta.—Está prohibido en el espacio público el ofrecimiento de juegos que impliquen apuestas con dinero o bienes, salvo habilitación administrativa al respecto.

Art. 22. Régimen de sanciones.—1. Tendrá la consideración de infracción grave, y se sancionará con multa de 751 a 1.500 euros, el ofrecimiento de juegos que impliquen apuestas de dinero o bienes y, en cualquier caso, el juego del “trile”.

2. Tendrán la consideración de infracciones muy graves, y serán sancionadas con multas de 1.501 a 3.000 euros el ofrecimiento de juegos que impliquen apuestas de dinero o bienes a menores y a personas con algún tipo de minusvalía psíquica, sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente en materia de juego.

Art. 23. Intervenciones específicas.—Tratándose de la infracción consistente en el ofrecimiento de apuestas en el espacio público, los agentes de la autoridad procederán a la intervención cautelar de los medios empleados, así como de los frutos de la conducta infractora.

Capítulo cuarto

Ocupación del espacio público por conductas que adoptan formas de mendicidad

Art. 24. Normas de conducta.—1. Se prohíben aquellas conductas que, bajo la apariencia de mendicidad o bajo formas organizadas, representen actitudes coactivas o de acoso, u obstaculicen e impidan el libre tránsito de los ciudadanos por aceras, plazas, avenidas, pasajes, bulevares u otros espacios públicos.

2. Queda igualmente prohibido el ofrecimiento de cualquier bien o servicio a personas que se encuentren en el interior de vehículos privados o públicos.

Se considerarán incluidos en este supuesto, entre otros comportamientos, la limpieza de los parabrisas de los automóviles detenidos en los semáforos o en la vía pública así como la búsqueda y vigilancia de aparcamientos a terceros.

3. Sin perjuicio de lo previsto en la legislación penal, queda totalmente prohibida la mendicidad ejercida por menores o aquella que se realice, directa o indirectamente, con menores o personas con discapacidad.

4. Se prohíbe también la realización en el espacio público de actividades de cualquier tipo cuando obstruyan o puedan obstruir el tráfico rodado por la vía pública, poniendo en peligro la seguridad de las personas por desarrollarse en la calzada, en los semáforos o invadiendo espacios de tráfico rodado.

Art. 25. Régimen de sanciones.—1. Cuando la infracción consista en la obstaculización del libre tránsito de los ciudadanos por los espacios públicos, los agentes de la autoridad recordarán, en primer lugar, a estas personas que dichas prácticas están prohibidas por la presente Ordenanza. Si la persona persistiera en su actitud y no abandonara el lugar, se procederá a imponerle la sanción que corresponda.

2. La realización de las conductas descritas en los apartados 1 y 2 del artículo anterior son constitutivas de una infracción leve, y podrán ser sancionadas con una multa de hasta 300 euros, salvo que los hechos puedan ser constitutivos de una infracción más grave.

3. Las conductas recogidas en el apartado 4 del artículo anterior tendrán la consideración de infracciones graves, y serán sancionables con multa de hasta 750 euros.

4. Si la mendicidad es ejercida por menores, las autoridades municipales prestarán a éstos, de forma inmediata, la atención que sea precisa, sin perjuicio de que se adopte el resto de las medidas que prevé, en su caso, el ordenamiento jurídico. Se considerará, en todo caso, infracción muy grave, y será sancionada con multa de 1.501 a 3.000 euros, la mendicidad ejercida, directa o indirectamente, con acompañamiento de menores o con personas con discapacidad, sin perjuicio de lo previsto en la legislación penal.

Art. 26. Intervenciones específicas.—1. Los agentes de la autoridad, o en su caso los servicios sociales, informarán a todas las personas que ejerzan la mendicidad en lugares de tránsito público de las dependencias municipales y de los centros de atención institucional o de carácter privado (asociaciones, organizaciones no gubernamentales, ONG, etcétera) a los que pueden acudir para recibir el apoyo que sea necesario para abandonar estas prácticas.

En todo caso, los agentes de la autoridad podrán intervenir cautelarmente los medios empleados para desarrollar la conducta antijurídica.

Los medios cautelarmente intervenidos deberán ser depositados en el correspondiente depósito municipal durante el plazo determinado por la autoridad administrativa y serán retirados una vez abonada la sanción correspondiente devengándose los gastos de depósito en los términos establecidos en la legislación vigente.

Capítulo quinto

Utilización del espacio público para prácticas sexuales y ofrecimiento y demanda de servicios sexuales

Art. 27. Normas de conducta.—1. Se prohíbe todo tipo de actos sexuales u obscenos en la vía pública o en el interior de vehículos que se encuentren en cualquier espacio público, siempre que estos actos trasciendan o se perciban desde cualquier ámbito público.

2. Se prohíbe el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales retribuidos en el espacio público de la ciudad de Alcalá de Henares, en todo su término municipal.

3. Se considera especialmente grave la práctica de actividades sexuales, el ofrecimiento, la solicitud, la negociación o la aceptación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público de la ciudad de Alcalá de Henares, cuando estas conductas se lleven a cabo en espacios situados a menos de doscientos metros de distancia de zonas residenciales, centros educativos o cualquier otro lugar donde se realice actividad comercial, empresarial o de especial concurrencia.

Art. 28. Régimen de sanciones.—1. Los agentes de la autoridad, en los casos previstos en el artículo 27, apercibirán a estas personas que dichas prácticas están prohibidas por la presente Ordenanza.

2. En caso de no acatar el apercibimiento del agente y abandonar el lugar, las conductas recogidas en el apartado 1 y 2 del artículo anterior tendrán la consideración de leves, y serán sancionables con multa de hasta 300 euros.

3. En caso de no acatar el apercibimiento del agente y abandonar el lugar, las conductas recogidas en el apartado 3 del artículo anterior tendrán la consideración de muy graves, y serán sancionables con multa de 1.501 a 3.000 euros.

4. La sanción a las personas que ofrecen servicios sexuales retribuidos en los espacios públicos, podrá ser sustituida por la participación en un programa social para abandonar dichas prácticas.

Art. 29. Intervenciones específicas.—1. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de los servicios municipales y sociales competentes, con el auxilio de los agentes de la autoridad, si es el caso, prestará información y ayuda a todas aquellas personas que presten servicios sexuales retribuidos en espacios públicos y quieran abandonar su ejercicio.

2. El Ayuntamiento, a través de los servicios municipales correspondientes y de los recursos disponibles o que se puedan crear, llevarán a cabo actuaciones con las personas que realizan esta actividad en el espacio urbano, y especialmente:

a) Informará sobre los servicios públicos disponibles y muy específicamente los relacionados con servicios sociales, servicios educativos y servicios sanitarios.

b) Informar de los derechos fundamentales de estas personas.

c) Colaborar con las entidades referentes en esta materia para ofrecer nueva formación a las personas que integran este colectivo.

d) Informar sobre los recursos laborales disponibles desde la Administración o en colaboración con las entidades referentes en la materia.

3. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares colaborará intensamente en la persecución y represión de las conductas atentatorias contra la libertad e integridad sexual de las personas que puedan cometerse en el espacio público, en especial las actividades de proxenetismo o cualquier otra forma de explotación sexual, y, muy especialmente, en lo relativo a los menores.

Capítulo sexto

Necesidades fisiológicas

Art. 30. Normas de conducta.—1. Está prohibido hacer necesidades fisiológicas, tales como defecar, orinar, escupir, en cualquiera de los espacios definidos en el artículo 3 de esta Ordenanza como ámbito de aplicación objetiva de la misma.

2. Se considera especialmente grave la conducta descrita en el apartado anterior cuando se realice en espacios de concurrida afluencia de personas o frecuentados por menores, o cuando se haga en monumentos o edificios catalogados o protegidos.

Art. 31. Régimen de sanciones.—1. La conducta descrita en el apartado 1 del artículo precedente será constitutiva de infracción leve, y se sancionará con multa de hasta 750 euros, salvo que el hecho constituya una infracción más grave.

2. Constituirá infracción grave, sancionada con multa de hasta 1.500 euros, la conducta descrita en el apartado 2 del artículo precedente.

Capítulo séptimo

Comercio ambulante, actividades y prestación de servicios no autorizados

SECCIÓN PRIMERA

Comercio ambulante no autorizado

Art. 32. Normas de conducta.—1. Está prohibida la venta ambulante en el espacio público de cualquier tipo de bien o producto, salvo habilitación administrativa al respecto que deberá ser perfectamente visible.

2. Queda prohibido colaborar en el espacio público con los vendedores ambulantes no autorizados, con acciones como facilitar el género o vigilar y alertar sobre la presencia de los agentes de la autoridad.

3. Los organizadores de actos públicos de naturaleza cultural, festiva, lúdica o deportiva o de cualquier otra índole velarán por que no se produzcan, durante su celebración, las conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de estos actos se realizan dichas conductas, sus organizadores lo comunicarán inmediatamente a los agentes de la autoridad.

Art. 33. Régimen de sanciones.—1. Las conductas prohibidas descritas en los dos primeros apartados del artículo precedente se sancionarán de conformidad a lo establecido en la vigente Ordenanza Municipal reguladora de la venta ambulante de Alcalá de Henares.

2. La conducta prohibida descrita en el apartado 3 del artículo precedente es constitutiva de infracción grave, que se sancionará con multa de 751 a 1.500 euros.

Art. 34. Intervenciones específicas.—1. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad podrán retirar e intervenir cautelarmente el género o los elementos objeto de las prohibiciones y los materiales o los medios empleados. Si se trata de alimentos o bienes fungibles, se destruirán o se les dará el destino que sea más adecuado para el interés general.

2. Cuando las conductas tipificadas en este capítulo puedan ser constitutivas de ilícito penal, los agentes de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de la continuación del expediente sancionador, en los términos del artículo 68 de esta Ordenanza.

SECCIÓN SEGUNDA

Actividades y prestación de servicios no autorizados

Art. 35. Normas de conducta.—1. Se prohíbe la realización de actividades y la prestación de servicios no autorizados en el espacio público, como tarot, videncia, masajes o tatuajes, vigilancia de vehículos u otros que contradigan la legislación sobre la protección de las propiedades industrial e intelectual, la competencia desleal y los derechos de los consumidores y usuarios y aquellos que necesiten licencia de actividad.

2. Se prohíbe la exposición para venta de vehículos en la vía pública sin autorización municipal.

3. Queda prohibido colaborar en el espacio público con quien realiza las actividades o presta los servicios no autorizados, con acciones como vigilar y alertar sobre la presencia de los agentes de la autoridad.

4. Los organizadores de actos públicos de naturaleza cultural, lúdica, festiva, deportiva o de cualquier otra índole velarán por que no se produzcan, durante su celebración, las conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de estos actos se realizan las conductas descritas, sus organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la autoridad.

Art. 36. Régimen de sanciones.—1. Sin perjuicio de la legislación penal, las conductas prohibidas tipificadas en los dos primeros apartados del artículo precedente serán constitutivas de infracción leve, que se sancionará con multa de hasta 750 euros.

2. La conducta prohibida descrita en el apartado 3 del artículo precedente es constitutiva de infracción grave, que se sancionará con multa de 751 a 1.500 euros.

Art. 37. Intervenciones específicas.—1. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad podrán retirar e intervenir cautelarmente el género o los elementos objeto de las prohibiciones, y los materiales o los medios empleados. Si se trata de alimentos o bienes fungibles, se destruirán o se les dará el destino que sea adecuado para el interés general.

2. Cuando las conductas tipificadas en este capítulo puedan ser constitutivas de la infracción penal de estafa, tipificada en la legislación penal, los agentes de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de la continuación del expediente sancionador, en los términos del artículo 68 de esta Ordenanza.

Capítulo octavo

Actitudes vandálicas en el uso del mobiliario urbano. Deterioro del espacio urbano

Art. 38. Normas de conducta.—1. Están prohibidas las conductas vandálicas, agresivas o negligentes en el uso del mobiliario urbano que generen situaciones de riesgo o peligro para la salud y la integridad física de las personas o los bienes.

2. Quedan prohibidos los actos de deterioro grave, como destrozos de los espacios públicos o sus instalaciones o elementos, ya sean muebles o inmuebles.

3. Los organizadores de actos públicos de naturaleza cultural, lúdica, festiva, deportiva o de cualquier otra índole velarán por que no se produzcan, durante su celebración, las conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de estos actos se realizan dichas conductas, sus organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la autoridad.

4. Sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria de los padres o tutores o guardadores por las acciones de los menores de edad que dependan de ellos, aquéllos serán también responsables directos y solidarios de las infracciones cometidas por los menores de edad, siempre que, por su parte, conste dolo, culpa o negligencia, incluida la simple inobservancia.

Art. 39. Régimen de sanciones.—1. Sin perjuicio de la legislación penal y local, los actos de deterioro descritos en el apartado 2 y 3 del artículo precedente son constitutivos de infracción grave, y se sancionarán con multa de 751 a 1.500 euros.

2. Sin perjuicio de la legislación penal y de protección de la seguridad ciudadana, las conductas descritas en el apartado 1 del artículo precedente son constitutivas de infracción muy grave, y serán sancionadas con multa de 1.501 a 3.000 euros.

Art. 40. Intervenciones específicas.—1. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad podrán retirar e intervenir cautelarmente los materiales, el género o los medios empleados.

2. Tratándose la persona infractora de un menor, se practicarán las diligencias necesarias para comprobar si concurren indiciariamente las circunstancias previstas en el apartado 4 del artículo 38.

Capítulo noveno

Deyecciones de perros y otros animales en la vía pública

Art. 41. Normas de conducta.—1. Las personas que conduzcan animales domésticos por vías y espacios públicos deberán impedir que éstos depositen sus deyecciones en las aceras, calles, paseos, jardines y, en general, cualquier lugar dedicado al tránsito de personas o juegos infantiles.

2. Las personas que conduzcan animales domésticos por vías y espacios públicos deben hacer que los animales evacuen las deyecciones en los lugares destinados al efecto y, en caso de no existir lugar señalado para ello, aquellos deberán recoger los excrementos sólidos que los mismos depositen en la vía pública. En caso de no proceder a la retirada de las deyecciones de los lugares no destinados a tal efecto, los propietarios o responsables serán sancionados.

3. Las deyecciones recogidas se deberán introducir en una bolsa y se depositarán en un contenedor de fracción resto o papelera.

4. Los propietarios o poseedores de animales de compañía quedan obligados al cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza sin perjuicio de lo dispuesto en la Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia y protección de animales domésticos, siendo los responsables de los daños y perjuicios ocasionados por sus animales.

Art. 42. Régimen de sanciones.—El incumplimiento de las normas de conducta descritas en el artículo precedente, es constitutivo de infracción grave, que se sancionará con multa de 751 a 1.500 euros.

Art. 43. Intervenciones específicas.—En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad apercibirán a los infractores para que procedan a la retirada de las deyecciones evacuadas por los animales de compañía de su propiedad o que conduzcan en el momento de producirse la infracción, sin perjuicio de las sanciones que sean pertinentes.

Asimismo, serán responsables de los costes derivados de la subsanación del espacio de la vía pública afectado.

Capítulo décimo

Uso de los espacios naturales y zonas verdes

Art. 44. Normas de conducta.—1. Todas las personas están obligadas a respetar los parques y jardines y demás espacios o zonas verdes o forestales (en adelante zonas verdes), así como el arbolado existente en la localidad absteniéndose de cualquier acto que los pueda dañar, afear o ensuciar.

2. Se prohíbe realizar cualquier actividad que pueda deteriorar las zonas verdes, así como dañar el arbolado y plantaciones existentes en cualquier forma.

3. Está prohibido el acceso y la circulación de las motocicletas y de los automóviles en las zonas verdes, salvo para los vehículos autorizados y los vehículos de los servicios municipales.

Art. 45. Régimen de sanciones.—1. Sin perjuicio de la legislación de medio ambiente en materia de protección de arbolado y zonas verdes, la realización de las conductas descritas en los dos primeros apartados del artículo precedente será constitutiva de infracción leve, que se sancionará con multa de hasta 750 euros.

2. Asimismo, y sin perjuicio de la legislación de medio ambiente en materia de protección de arbolado y zonas verdes, la conducta prohibida descrita en el apartado 3 del artículo precedente es constitutiva de infracción grave que se sancionará con multa de 751 a 1.500 euros.

Capítulo undécimo

Contaminación acústica

Art. 46. Normas de conducta.—1. Toda persona tiene la obligación de respetar el descanso del vecindario y de evitar la producción de ruidos que alteren la normal convivencia, independientemente de la hora del día, y especialmente en horas de descanso, entendido como tal el período comprendido entre las veintidós horas hasta las ocho horas, en días laborales, y desde las veintidós horas hasta las nueve y treinta horas, los domingos y festivos, salvo cuando procedan de actividades populares o festivas autorizadas, las cuales deberán disponer de la autorización municipal correspondiente en su caso.

2. La producción de ruidos en la vía pública y en las zonas de pública convivencia (plazas, parques, riberas, etcétera), o en el interior de los edificios, deberá ser mantenida dentro de los límites que exige la convivencia ciudadana, en especial:

a) Las personas propietarias, poseedoras o responsables de animales domésticos o de compañía están obligados a adoptar las medidas necesarias para impedir que la tranquilidad del vecindario sea alterada por el comportamiento de sus animales.

A este respecto, se tendrán en cuenta las prescripciones contenidas en la vigente Ordenanza Municipal de Protección de Animales Domésticos y que queden establecidas para esta materia.

b) El funcionamiento de electrodomésticos de cualquier clase, aparatos domésticos, aire acondicionado, ventilación, refrigeración, instrumentos musicales o acústicos y similares en el interior de la vivienda se han de ajustar a los límites legalmente establecidos para evitar molestias innecesarias al resto del vecindario.

c) Ruidos molestos, constantes y repetitivos, así como ruidos innecesarios, que perturben la convivencia ciudadana, como el tono excesivamente alto de la voz humana, los portazos, golpes, gritos, saltos, bailes, cantos, música alta y similares, especialmente en horas de descanso nocturno. Cambios de muebles y similares, que deberán efectuarse entre las ocho horas y las veintidós horas en días laborables y entre las nueve y treinta horas y las veintidós horas en días festivos y vísperas de festivos, excepto en casos de fuerza mayor.

d) Cualquier otra actividad o comportamiento personal no comprendido en los apartados anteriores, que conlleve una perturbación por ruidos para el vecindario evitable con la observancia de una conducta cívica normal.

3. Se prohíbe producir ruidos originados por las aceleraciones bruscas y estridentes, forzar al motor al circular por pendientes, así como los ruidos originados por el excesivo volumen de los equipos musicales, tanto en la vía pública como en los aparcamientos de la ciudad, especialmente cuando se tengan las ventanas abiertas.

4. Las personas titulares de los establecimientos de actividades de pública concurrencia están obligados a velar por el orden público y el descanso vecinal, y son directamente responsables del comportamiento sonoro de su clientela. Por lo que, son también directamente responsables de adoptar las medidas adecuadas para evitar estos actos incívicos o molestos, y se recomienda, a este efecto, la instalación de una placa en el exterior de los establecimientos de pública concurrencia, especialmente en los establecimiento musicales, donde se pida el respeto al descanso vecinal.

5. Con carácter general se prohíbe en vías y zonas públicas el empleo de todo dispositivo sonoro con fines de propaganda, reclamo, aviso, distracción y análogos.

Esta prohibición no regirá en los casos de alarma o urgencia, y podrá ser dispensada por la autoridad municipal en la totalidad o parte del término municipal, por razones de interés general, de significación ciudadana u otros casos análogos.

Art. 47. Controles.—1. A instancia de los interesados, y siempre que fuera posible, la Policía Local podrá realizar comprobación de las molestias originadas por comportamientos incívicos. De ser ciertos los hechos denunciados, emitirá informe al respecto.

2. Las medidas de ruido se efectuarán en los términos establecidos en la normativa sectorial vigente. En caso de incumplimiento se aplicará el régimen sancionador correspondiente.

3. En los casos de difícil o imposible medición instrumental, se seguirá el criterio de las autoridades municipales y los usos de la correcta convivencia social.

Art. 48. Régimen de sanciones.—1. A los efectos de esta Ordenanza, se considerará infracción leve, y serán sancionadas con multa de hasta 750 euros, toda acción u omisión que suponga el incumplimiento o vulneración del artículo 46, así como toda acción u omisión que suponga infracción a este título, siempre que no haya sido tipificada como grave.

2. A los efectos de esta Ordenanza, se considerará infracción grave, y serán sancionadas con multas de 751 a 1.500 euros, la reincidencia en infracciones leves en el plazo de un año.

Capítulo duodécimo

Otros usos impropios del espacio público

SECCIÓN PRIMERA

Uso inadecuado del espacio público para juegos

Art. 49. Normas de conducta.—1. Se prohíbe la práctica de juegos y de competiciones deportivas masivas y espontáneas en el espacio público no destinado a estos usos, que perturben los legítimos derechos de los vecinos o de los demás usuarios del espacio público, salvo autorización municipal.

2. Está prohibido, igualmente, la práctica de acrobacias y juegos de habilidad con bicicletas, patines, monopatines o similares fuera de las áreas destinadas a tal efecto, así como la utilización para realizar acrobacias con estos objetos de escaleras para peatones, elementos para la accesibilidad de personas discapacitadas, barandillas, bancos, pasamanos, o cualquier otro elemento del mobiliario urbano, salvo celebración de actos y siempre con autorización municipal.

3. Está especialmente prohibida la práctica de juegos con instrumentos u otros objetos que puedan poner en peligro la integridad física de los usuarios del espacio público, así como la integridad de los bienes, servicios o instalaciones, tanto públicos como privados.

Art. 50. Régimen de sanciones.—1. Los agentes de la autoridad, en los casos previstos en el artículo 49.1, recordarán a estas personas que dichas prácticas están prohibidas por la presente Ordenanza. Si la persona persistiera en su actitud podrá ser sancionada de acuerdo con el apartado siguiente.

2. El incumplimiento de las normas previstas en el artículo anterior se considerará infracción leve y será sancionada con multa de hasta 300 euros, salvo que el hecho constituya una infracción más grave.

3. Tendrán, sin embargo, la consideración de infracciones graves, y serán sancionadas con multa de 301 a 750 euros:

a) La práctica de juegos que impliquen un riesgo relevante para la seguridad de las personas o los bienes, y, en especial, la circulación temeraria con bicicletas, patines, monopatines o similares por aceras o lugares destinados a peatones.

b) La utilización de elementos o instalaciones arquitectónicas o del mobiliario urbano para la práctica de actividades con bicicleta, monopatín, patines o similares cuando se pongan en peligro de deterioro.

Art. 51. Intervenciones específicas.—1. Tratándose de la infracción consistente en la práctica de juegos en el espacio público, los agentes de la autoridad podrán proceder a la intervención cautelar de los medios empleados.

2. Igualmente, en el caso de las infracciones graves previstas en el apartado tercero del artículo anterior, los agentes podrán intervenir cautelarmente el medio empleado o similar con que se haya producido la conducta.

3. Los medios cautelarmente intervenidos deberán ser depositados en el correspondiente depósito municipal durante el plazo determinado por la autoridad administrativa y serán retirados una vez abonada la sanción correspondiente devengándose gastos de depósito en los términos establecidos en la legislación vigente.

SECCIÓN SEGUNDA

Otros usos impropios

Art. 52. Normas de conducta.—1. Queda prohibido hacer un uso impropio de los espacios públicos y sus elementos, de manera que impida o dificulte la utilización o el disfrute por el resto de los usuarios.

2. Sin perjuicio de lo establecido en otras Ordenanzas Municipales, no están permitidos los siguientes usos impropios de los espacios públicos y de sus elementos:

a) Acampar en las vías y los espacios públicos, acción que incluye la instalación estable en estos espacios públicos o sus elementos o mobiliario en ellos instalados, o en tiendas de campaña, vehículos, autocaravanas o caravanas, salvo autorizaciones para lugares concretos. Tampoco está permitido dormir de día o de noche en estos espacios. Cuando se trate de personas en situación de exclusión social, será de aplicación lo previsto en el artículo 54.2 de esta Ordenanza.

b) El uso de cualquier clase de productos pirotécnicos definidos en la legislación sectorial aplicable, sin autorización municipal.

c) Utilizar los bancos y los asientos públicos para usos distintos a los que están destinados.

d) Lavarse o bañarse, o lavar ropa en fuentes, estanques o similares.

e) Ejercer oficios o trabajos en los espacios públicos sin la habilitación administrativa correspondiente.

f) Situar o dejar abandonado en la vía pública cualquier objeto que suponga riesgo para las personas, afeen en el entorno u obstruya el tránsito peatonal y/o rodado.

g) Tender o exponer ropa, prendas de vestir y elementos domésticos en balcones, ventanas, terrazas exteriores o cualquier otro lugar donde por situación y orientación sean normalmente visibles desde la vía pública.

h) Encender hogueras y fogatas, salvo en caso de celebraciones o fiestas populares que cuenten con la correspondiente autorización municipal.

i) Acceder a los edificios e instalaciones públicas o zonas no autorizadas fuera de sus horarios de utilización o apertura.

j) Colocar género o cualquier tipo de objeto en el exterior de las fachadas de los comercios de forma que sobresalgan de la línea de aquellas y puedan molestar a los viandantes, sin autorización municipal.

k) Vociferar, gritar, proferir insultos, palabras soeces, etcétera.

l) Permanecer en la vía pública en estado de embriaguez, ocasionando molestias a los viandantes, produciendo escándalo o entorpeciendo el tránsito de personas o vehículos.

m) Se prohíben terminantemente las peleas, agresiones o cualquier otro comportamiento análogo a los anteriores, cuando con independencia de la concurrencia de un resultado lesivo o dañoso, alteren la seguridad colectiva u originen desórdenes en las vías públicas o espacios públicos.

n) Se establece la prohibición de dar de comer a los animales en las vías o espacios públicos.

o) Arrojar piedras u otros objetos a las personas, vehículos o edificios.

Art. 53. Régimen de sanciones.—La realización de las conductas descritas en el artículo precedente es constitutiva de infracción leve, y se sancionará con multa de hasta 750 euros.

Art. 54. Intervenciones específicas.—1. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad podrá retirar e intervenir cautelarmente el género, los materiales y los medios empleados.

2. Los servicios municipales adoptarán en cada caso las medidas que sean procedentes en coordinación con los servicios sociales municipales o, si procede, con otras instituciones públicas y, si lo estimaran necesario por razones de salud, acompañarán a estas personas al establecimiento o servicio municipal apropiado, con la finalidad de socorrerlas o ayudarlas en lo posible. En este caso no se impondrá la sanción prevista.

3. En los supuestos previstos en el artículo 52.2.a) en relación con caravanas y autocaravanas, los servicios municipales y los agentes de la autoridad informarán de los lugares municipales habilitados para el estacionamiento de estos vehículos.

4. Cuando se trate de la acampada con autocaravanas, caravanas o cualquier otro tipo de vehículo, descrita en el referido apartado, y la persona infractora no acredite la residencia legal en territorio español, el agente denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe, se procederá a la inmovilización del vehículo y, en su caso, a su retirada e ingreso en el depósito municipal.

TÍTULO III

Disposiciones comunes sobre régimen sancionador y otras medidas de aplicación

Capítulo primero

Disposiciones generales

Art. 55. Decretos e instrucciones en desarrollo y aplicación de la Ordenanza.—Cuando las circunstancias así lo aconsejen, la Junta de Gobierno Local dictará las instrucciones correspondientes para la aplicación de la Ordenanza, concretándose las actuaciones de los diversos órganos y agentes municipales implicados, salvo circunstancias de urgencia reservadas a la Alcaldía, de conformidad a lo establecido en la legislación básica de régimen local.

Art. 56. Funciones de la Policía Local relativas al cumplimiento de la Ordenanza.—1. En su condición de policía administrativa, la Policía Local es la encargada de velar por el cumplimiento de esta Ordenanza, de denunciar, cuando proceda, las conductas que sean contrarias a la misma, y de adoptar, en su caso, las demás medidas de aplicación.

2. En todo caso, el Ayuntamiento, mediante los diversos instrumentos y órganos de coordinación y colaboración establecidos al efecto, promoverá las actuaciones necesarias para que el Cuerpo Nacional de Policía pueda colaborar con la Policía Local en el mantenimiento de la seguridad pública en las vías y espacios públicos regulados por esta ordenanza.

Art. 57. Deber de colaboración ciudadana en el cumplimiento de la ordenanza.—1. Todas las personas que se encuentren en Alcalá de Henares tienen el deber de colaborar con las autoridades municipales o sus agentes para preservar las relaciones de convivencia ciudadana y civismo en el espacio público.

2. De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de menores, todos los ciudadanos tienen el deber de comunicar a las autoridades o agentes más próximos cualquier situación que detecten de riesgo o desamparo de un menor. Asimismo, todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de manera habitual deben ponerlo en conocimiento de los agentes más próximos o de la autoridad competente, debiendo estos, a su vez, comunicárselo a la Mesa Local de Absentismo Escolar con la finalidad de que se adopten las medidas pertinentes.

Art. 58. Conductas obstruccionistas a las tareas de control, investigación o sanción en los ámbitos de la convivencia y el civismo.—1. En los ámbitos de la convivencia ciudadana y el civismo, y salvaguardando todos los derechos previstos en el ordenamiento jurídico, no se permiten las conductas siguientes:

a) La negativa o la resistencia a las tareas de inspección o control del Ayuntamiento.

b) La negativa o la resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por los funcionarios actuantes en cumplimiento de sus funciones.

c) Suministrar a los funcionarios actuantes, en cumplimiento de sus labores de inspección, control o sanción, información o documentación falsa, inexacta, incompleta o que induzca a error de manera explícita o implícita.

d) El incumplimiento de las órdenes o los requerimientos específicos formulados por las autoridades municipales o sus agentes.

2. Sin perjuicio de la legislación penal y sectorial, las conductas descritas en el apartado anterior son constitutivas de infracción muy grave, que será sancionada con multa de 1.501 a 3.000 euros.

Art. 59. Elementos probatorios de los agentes de la autoridad.—1. En los procedimientos sancionadores que se instruyan en aplicación de esta Ordenanza, los hechos constatados por agentes de la autoridad tienen valor probatorio, de acuerdo con la normativa aplicable al efecto, sin perjuicio de otras pruebas que puedan aportar los interesados.

2. En los expedientes sancionadores que se instruyan, y con los requisitos que correspondan conforme a la legislación vigente, se podrán incorporar imágenes de los hechos denunciados, ya sea en fotografía, filmación digital u otros medios tecnológicos, que permitan acreditar los hechos recogidos en la denuncia formulada de acuerdo con la normativa aplicable. En todo caso, la utilización de videocámaras requerirá, si procede, las autorizaciones previstas en la legislación aplicable, así como su uso de acuerdo con el principio de proporcionalidad.

Art. 60. Denuncias ciudadanas.—1. Sin perjuicio de la existencia de otros interesados aparte del presunto infractor, cualquier persona puede presentar denuncias para poner en conocimiento del Ayuntamiento la existencia de un determinado hecho que pueda ser constitutivo de una infracción de lo establecido en esta Ordenanza.

2. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir infracción, la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de las personas presuntamente responsables.

3. Cuando la denuncia vaya acompañada de una solicitud de iniciación del procedimiento sancionador, el Ayuntamiento deberá comunicar al denunciante la iniciación o no del mencionado procedimiento y, en su caso, la resolución que recaiga.

4. Previa ponderación del riesgo por la naturaleza de la infracción denunciada, el instructor podrá declarar confidenciales los datos personales del denunciante, garantizando el anonimato de éste en el transcurso de la tramitación del expediente administrativo. Esta confidencialidad será declarada cuando lo solicite el denunciante.

Art. 61. Medidas de carácter social.—1. Cuando el presunto responsable del incumplimiento de la Ordenanza sea indigente o presente otras carencias o necesidades de asistencia social o de atención médica especiales o urgentes, los agentes de la autoridad que intervengan le informarán de la posibilidad de acudir a los servicios sociales o médicos correspondientes y del lugar concreto en el que puede hacerlo.

2. En aquellos casos especialmente graves o urgentes, y con el único objeto de que la persona pueda recibir efectivamente y lo antes posible la atención social o médica requerida, los agentes de la autoridad u otros servicios competentes podrán acompañarla a los mencionados servicios.

3. Asimismo, siempre que sea posible, los servicios municipales intentarán contactar con la familia de la persona afectada para informarla de la situación y circunstancias en las que ha sido encontrada en el espacio público.

4. Inmediatamente después de haber practicado estas diligencias, en caso de que las mismas hubieran sido llevadas a cabo por agentes de la autoridad, éstos informarán sobre ellas a los servicios municipales correspondientes, con la finalidad de que éstos adopten las medidas oportunas y, si procede, hagan su seguimiento o, en su caso, pongan el asunto en conocimiento de la autoridad o administración competente.

Art. 62. Responsabilidad por conductas contrarias a la Ordenanza cometidas por menores de edad.—1. De acuerdo con lo que establece la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y la ley sobre protección al menor de la Comunidad de Madrid, todas las medidas de las autoridades municipales que puedan afectar a los menores atenderán principalmente al interés superior de éstos. Asimismo, en función de su edad y madurez, se garantizará el derecho de los menores a ser escuchados en todos aquellos asuntos que les afecten y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta.

2. Cuando las personas infractoras sean menores, y con la finalidad de proteger los derechos del niño o adolescente, su desarrollo y formación, se podrán sustituir las sanciones pecuniarias por medidas correctoras, como trabajos para la comunidad o cualquier otro tipo de actividad de carácter cívico. Estas medidas se adoptarán de manera motivada en función del tipo de infracción, y serán proporcionadas a la sanción que reciba la conducta infractora. A este efecto, se solicitará la opinión de los padres o tutores o guardadores, que será vinculante.

3. Los padres o tutores o guardadores serán responsables civiles subsidiarios de los daños producidos por las infracciones cometidas por los menores de edad que dependan de ellos.

4. Asimismo, en aquellos casos en que se prevea expresamente en esta Ordenanza, los padres o tutores o guardadores serán también responsables directos y solidarios de las infracciones cometidas por los menores de edad, siempre que, por su parte, conste dolo, culpa o negligencia, incluida la simple inobservancia.

5. La asistencia a los centros de enseñanza educativos durante la enseñanza básica obligatoria (enseñanza primaria y secundaria) es un derecho y un deber de los menores, desde la edad de seis años hasta la de dieciséis.

6. La Policía Local intervendrá en aquellos supuestos en los que los menores de edad transiten o permanezcan en espacios públicos durante el horario escolar. A tal efecto, la Policía Local solicitará su identificación, averiguará cuáles son las circunstancias y los motivos por los que no está en el centro de enseñanza, y le conducirá a su domicilio o al centro escolar en el que esté inscrito, poniendo en todo caso en conocimiento de sus padres o tutores o guardadores y de la autoridad educativa competente que el menor ha sido hallado fuera del centro educativo en horario escolar.

7. Sin perjuicio de que se pueda acudir a fórmulas de mediación para resolver estas conductas, los padres o tutores o guardadores serán responsables de la permanencia de los menores en la vía pública y de la inasistencia de éstos a los centros educativos. En estos casos, cuando concurra culpa o negligencia, los padres o tutores o guardadores incurrirán en una infracción leve, y podrán ser sancionados con multa desde 100 hasta 500 euros.

8. En todo caso, cualquier denuncia, incoación de un expediente sancionador o eventual imposición de una sanción a un menor será también notificada a sus padres o tutores o guardadores.

9. En aquellos casos de absentismo escolar que resulte pertinente se solicitará a la Mesa Local de Absentismo Escolar que informe sobre la sanción más aconsejable.

— Sanción económica

— Trabajos para la comunidad y asistencia a sesiones de atención individualizada o cursos de formación.

Art. 63. Principio de prevención.—El Ayuntamiento dará prioridad a todas aquellas medidas municipales encaminadas a prevenir riesgos para la convivencia ciudadana y el civismo en el espacio público.

Capítulo segundo

Régimen sancionador

Art. 64. Graduación de las sanciones.—1. La imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza se guiará por la aplicación del principio de proporcionalidad y, en todo caso, se tendrán en cuenta los criterios de graduación siguientes:

a) La gravedad de la infracción.

b) La existencia de intencionalidad.

c) La naturaleza de los perjuicios causados.

d) La reincidencia.

e) La reiteración.

f) La capacidad económica de la persona infractora.

g) La naturaleza de los bienes o productos ofrecidos en el comercio ambulante no autorizado regulado en el capítulo séptimo del Título II.

2. Se entiende por reincidencia la condición de cometer una infracción a la legislación en la materia regulada por la presente ordenanza y que el responsable haya sido sancionado por resolución firme en vía administrativa por una anterior infracción de la misma norma y misma naturaleza en el plazo de un año anterior al día en que se cometa o comenzara a cometerse aquella infracción a la que se pretende aplicar la reincidencia, salvo que en la presente Ordenanza se establezca otra cosa.

Se entiende por reiteración la condición de cometer una infracción a la legislación en la materia regulada por la presente ordenanza y que el responsable haya sido sancionado por resolución firme en vía administrativa por una anterior infracción de la misma norma y distinta naturaleza en el plazo de 2 años anteriores a que se cometa o comenzara a cometerse aquella infracción a la que se pretende aplicar la reiteración, salvo que en la presente Ordenanza se establezca otra cosa.

3. En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que, en todo caso, el cumplimiento de la sanción no resulte más beneficioso para la persona infractora que el cumplimiento de las normas infringidas.

4. Cuando, según lo previsto en la presente Ordenanza, se impongan sanciones no pecuniarias, ya sean alternativas u obligatorias, la determinación de su contenido y duración se hará, también, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y los criterios enunciados en los párrafos anteriores.

Art. 65. Responsabilidad de las infracciones.—En el caso de que, una vez practicadas las diligencias de investigación oportunas dirigidas a individualizar a la persona o las personas infractoras, no sea posible determinar el grado de participación de los diversos sujetos que hayan intervenido en la comisión de la infracción, la responsabilidad será solidaria.

Art. 66. Sustitución de las multas y reparación de los daños por trabajos en beneficio de la comunidad.—1. Cuando el carácter de la infracción y/o el tipo de daños producidos lo hagan conveniente, y previa solicitud de los interesados, la autoridad municipal podrá resolver la sustitución de la sanción por otras reparaciones equivalentes en especie consistentes en la participación en actividades cívicas u otros tipos de trabajo en beneficio de la comunidad, directamente relacionados con la infracción cometida.

Durante la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, el Ayuntamiento podrá impartir, en su caso, sesiones formativas sobre convivencia ciudadana y civismo.

Art. 67. Procedimiento sancionador.—1. El procedimiento sancionador será el general en todos los casos en que no exista regulación específica del mismo.

2. Cuando la propuesta de resolución del procedimiento sancionador tramitado por el Ayuntamiento contenga una sanción que por la cuantía de la multa o por su carácter, no sea de competencia municipal, se elevará el expediente al órgano correspondiente de la Administración que sea competente para imponer la sanción que se propone, de conformidad con la legislación sectorial aplicable.

Art. 68. Apreciación de delito o falta.—1. Cuando las conductas a que se refiere esta Ordenanza pudieran constituir infracción penal, se remitirán al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial que corresponda los antecedentes necesarios de las actuaciones practicadas.

2. En el caso de identidad de sujeto, hecho y fundamento de las conductas ilícitas, la incoación de un proceso penal no impedirá la tramitación de expedientes sancionadores por los mismos hechos, pero la resolución definitiva del expediente sólo podrá producirse cuando sea firme la resolución recaída en el ámbito penal, quedando hasta entonces interrumpido el plazo de prescripción. Los hechos declarados probados en vía judicial vincularán a la autoridad competente para imponer la sanción administrativa.

3. La condena o la absolución penal de los hechos no impedirá la sanción administrativa, si se aprecia diversidad de fundamento.

4. Las medidas provisionales adoptadas en el seno del procedimiento administrativo sancionador antes de la intervención judicial podrán mantenerse en vigor mientras no recaiga pronunciamiento expreso al respecto de las autoridades judiciales, sin perjuicio de los recursos que pueda interponer el presunto infractor sobre el establecimiento o la vigencia de dichas medidas provisionales.

Art. 69. Prescripción y caducidad.—La prescripción y la caducidad se regirán por la legislación administrativa sancionadora general, sin perjuicio de lo que disponga la legislación sectorial.

Capítulo tercero

Reparación de daños

Art. 70. Reparación de daños.—1. La imposición de las sanciones que correspondan por el incumplimiento de esta Ordenanza no exonera a la persona infractora de la obligación de reparar los daños o perjuicios causados, salvo que ésta se sustituya por trabajos en beneficio de la comunidad, de acuerdo con el artículo 66.

2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, cuando proceda, la Administración municipal tramitará por la vía de ejecución subsidiaria la obligación de resarcimiento que proceda.

Capítulo cuarto

Medidas de policía administrativa

Art. 71. Órdenes singulares para la aplicación de la Ordenanza.—1. El órgano municipal competente podrá dictar las órdenes singulares o nominativas y las disposiciones especiales que procedan sobre la conducta en la vía pública o el comportamiento de los ciudadanos, con el fin de hacer cumplir la normativa en materia de convivencia ciudadana y de civismo.

2. Sin perjuicio de la imposición de la sanción que en su caso corresponda, el órgano municipal competente podrá también requerir a las personas que sean halladas responsables de alguna de las conductas descritas en esta Ordenanza para que se abstengan en el futuro de realizar actuaciones similares dentro del término municipal.

3. El incumplimiento de las órdenes, las disposiciones o los requerimientos a que se ha hecho mención en los apartados 1 y 2 de este artículo será sancionado en los términos previstos en esta Ordenanza, sin perjuicio de que se pueda iniciar procedimiento penal por causa de desobediencia.

Capítulo quinto

Medidas de policía administrativa directa

Art. 72. Medidas de policía administrativa directa.—1. Los agentes de la autoridad exigirán en todo momento el cumplimiento inmediato de las disposiciones previstas en esta Ordenanza, y, sin perjuicio de proceder a denunciar las conductas antijurídicas, podrán requerir verbalmente a las personas que no respeten las normas para que desistan en su actitud o comportamiento, advirtiéndolas de que en caso de resistencia pueden incurrir en responsabilidad penal por desobediencia.

2. Cuando la infracción cometida provoque, además de una perturbación de la convivencia ciudadana y el civismo, un deterioro del espacio público, se requerirá a su causante para que proceda a su reparación, restauración o limpieza inmediatas, cuando sea posible.

3. En caso de resistencia a estos requerimientos, y sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado 1 de este artículo, las personas infractoras podrán ser desalojadas, cumpliendo en todo caso con el principio de proporcionalidad.

4. A efectos de poder incoar el correspondiente procedimiento sancionador, los agentes de la autoridad requerirán a la persona presuntamente responsable para que se identifique.

De no conseguirse la identificación por cualquier medio de la persona que ha cometido una infracción, los agentes de la autoridad podrán requerirla para que, al objeto de iniciar el expediente sancionador de la infracción cometida, les acompañe a dependencias próximas que cuenten con medios adecuados para realizar las diligencias de identificación, a estos únicos efectos y por el tiempo imprescindible, informando a la persona infractora de los motivos del requerimiento de acompañamiento.

5. En todo caso, y al margen de la sanción que corresponda imponer por la infracción de las normas que haya originado la intervención o requerimiento de los agentes de la autoridad, las conductas obstruccionistas tipificadas en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 58 constituyen una infracción independiente, sancionadas de acuerdo con el apartado 2 de dicho artículo, salvo que el hecho sea constitutivo de responsabilidad criminal, en cuyo caso se pasará el tanto de culpa al Ministerio Fiscal.

Capítulo sexto

Medidas provisionales

Art. 73. Medidas provisionales.—1. Iniciado el expediente sancionador, mediante acuerdo motivado, se podrán adoptar las medidas provisionales imprescindibles para el normal desarrollo del procedimiento, para evitar la comisión de nuevas infracciones o para asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse. Estas medidas podrán consistir en cualquiera de las previstas en la normativa general y sectorial aplicable en cada caso, y deberán ser proporcionadas a la naturaleza y la gravedad de la infracción.

2. Cuando la ley así lo prevea, las medidas provisionales se podrán adoptar también con anterioridad a la iniciación del expediente sancionador.

Art. 74. Decomisos.—1. Además de los supuestos en que así se prevé expresamente en esta Ordenanza, los agentes de la autoridad podrán, en todo caso, decomisar los utensilios y el género objeto de la infracción o que sirvieron, directa o indirectamente, para la comisión de aquélla, así como el dinero, los frutos o los productos obtenidos con la actividad infractora, los cuales quedarán bajo la custodia municipal mientras sea necesario para la tramitación del procedimiento sancionador o, a falta de éste, mientras perduren las circunstancias que motivaron el decomiso.

2. Los gastos ocasionados por el decomiso correrán a cargo del causante de las circunstancias que lo han determinado.

3. Si se trata de bienes fungibles, se destruirán o se les dará el destino adecuado. Los objetos decomisados se depositarán a disposición del órgano sancionador competente para la resolución del expediente. Una vez dictada resolución firme y transcurridos dos meses sin que el titular haya recuperado el objeto, se procederá a su destrucción o se entregará gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro con finalidades sociales.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los expedientes incoados por infracciones cometidas antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza se regirán, en aquello que no perjudique a la persona imputada, por el régimen sancionador vigente en el momento de cometerse la infracción.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en las ordenanzas municipales de Alcalá de Henares que contradigan la presente Ordenanza.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Difusión de la Ordenanza.—1. En el momento en que sea aprobada esta Ordenanza, el Ayuntamiento hará una edición de ella especialmente preparada para ser distribuida ampliamente en diferentes puntos de la ciudad, como Oficinas de Atención al Ciudadano, Juntas de Distrito, establecimientos de pública concurrencia, asociaciones vecinales y entidades ciudadanas, página web municipal, entre otros.

Segunda. Revisión de la Ordenanza.—Se procederá a hacer una revisión y actualización de las conductas y previsiones contenidas en esta Ordenanza cuando fuera necesario incorporar alguna nueva conducta o previsión adicional, o modificar o suprimir alguna de las existentes.

Se faculta al Alcalde para dictar cuantas disposiciones de rango inferior sean necesarias para el desarrollo o interpretación de la presente Ordenanza.

Tercera. Entrada en vigor.—Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y hayan transcurrido los plazos establecidos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Alcalá de Henares, a 30 de septiembre de 2010.—El secretario general del Pleno (firmado).

(03/37.682/10)