IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE MÓSTOLES NÚMERO 4

EDICTO

En el procedimiento ordinario número 1.197 de 2007, sobre otras materias, a instancias de doña Antonia Martos Romero, con procurador don José Antonio Sánchez-Cid García-Tenorio, contra “Embajador Dos Bis, Sociedad Anónima”, con procurador sin profesional asignado, se ha dictado la siguiente resolución:

Fallo

Que estimando sustancialmente la demanda formulada por la representación de doña Antonia Martos Romero, contra “Embajador Dos Bis, Sociedad Anónima”, debo declarar y declaro que la actora doña Antonia Martos Romero, junto con don Nicasio Adolfo Bueno Turienzo, adquirió a la demandada, mediante contrato privado de compraventa otorgado el día 20 de marzo de 1982, la vivienda sita en Móstoles, calle Veracruz, número 40, segundo A, inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Móstoles, al folio 217 del libro 332, tomo 388 del archivo, finca registral número 29.623; teniendo cumplidas los compradores todas las condiciones impuestas en dicho contrato de compraventa, más concretamente, han pagado la totalidad del precio estipulado, sin que nada tenga que reclamar la demandada por tales conceptos, y sin que pueda establecerse condición resolutoria a favor de la parte vendedora por falta de pago de la totalidad del precio, declarándose, pues, esta condición inexistente por pago de la totalidad del precio convenido; condenando a la entidad demandada a protocolizar y elevar a público el contrato privado de compraventa suscrito con la demandante y don Nicasio Adolfo Bueno Turienzo el día 20 de marzo de 1982; imponiendo a la parte demandada el abono de las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid en el plazo de cinco días siguientes a su notificación.

Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, la revisión y la rescisión de sentencia firme a instancias del rebelde, en los órdenes jurisdiccionales civil, social y contencioso-administrativo, precisarán de la constitución de un depósito a tal efecto. Todo el que pretenda interponer recurso contra sentencias o autos que pongan fin al proceso o impidan su continuación, consignará como depósito 50 euros, si se trata de recurso de apelación. La admisión del recurso precisará que, al prepararse el mismo, se haya consignado en la oportuna entidad de crédito, y en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” abierta a nombre del Juzgado, la cantidad objeto de depósito, lo que deberá ser acreditado. El secretario verificará la constitución del depósito y dejará constancia de ello en los autos. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido.

Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

En Móstoles, a 22 de diciembre de 2009.—La secretaria (firmado).

(02/4.663/10)